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Novedades relativas al régimen de títulos al portador.

Novedades relativas al régimen de títulos al portador.

 

La ley 18930, promulgada por el Poder Ejecutivo el 17 de julio de 2012, incorpora normas que aumentan controles sobre la titularidad de acciones al portador de cualquier entidad residente en el país.

 

¿Desde cuando está vigente la Ley?

Si bien la ley entra en vigor el 1° de Agosto, los plazos para presentar la información comenzarán a correr desde que lo disponga la reglamentación. (art. 16)

Esta aún no ha sido dictada.

 

¿Que información habrá que proporcionar?

• Datos que permitan identificación de los titulares de acciones, títulos y demás participaciones patrimoniales al portador. Asimismo deberán identificarse los tenedores, custodios o representantes.

• El valor nominal de las acciones y demás títulos.

Alcanza a títulos de sociedades comerciales, fideicomisos y fondos de inversión en los términos previstos en la Ley.

Asimismo deben hacerlo las entidades no residentes que tengan actuación en el territorio nacional mediante establecimiento permanente o radiquen en el territorio nacional la sede de dirección efectiva.

 

¿Quién recaba la información?

El Banco Central del Uruguay (BCU) llevará un registro que custodiará la información antes referida.

Sin perjuicio de ello, la Auditoría Interna de la Nación (AIN) tendrá competencia para controlar el cumplimiento de las obligaciones de control, así como la imposición de sanciones en el caso de incumplimiento. Los controles podrán efectuarse de oficio o mediante denuncias recibidas. La DGI, la DNA y el BPS deberán denunciar a la AIN todo incumplimiento que detecten.

 

¿Quién puede acceder a la información registrada?

La información registrada se considera de carácter secreto, por lo que queda excluida de la Ley de Acceso a la Información Pública (18.381).

Sin embargo, la Ley admite que accedan a ella:

• La DGI, ante inspecciones comenzadas o ante requisitoria de un Estado con el que exista convenio de intercambio de información tributaria

• La Unidad de Información y Análisis financiero del BCU, así como la Secretaría Nacional Antilavado, para cuestiones vinculadas de manera estricta con su competencia

• La Justicia Penal en todos los casos, y los restantes Jueces en los asuntos vinculados con obligaciones alimentarias.

• La Junta de Transparencia y Ética Pública.

La violación del secreto por funcionarios públicos se pena con pena de hasta tres años de penitenciaría.

 

¿Qué sucede si no se comunica la información?

1. La ley consagra las siguientes sanciones a los titulares de la información no suministrada:

 

a. Imposibilidad de ejercer cualquier derecho que le corresponda al titular o beneficiario de las participaciones, salvo la presentación de la declaración jurada. Esto incluye la posibilidad de cobrar dividendos o utilidades, rescates, recesos o participaciones en la liquidación de la sociedad.

b. Multa, cuyo monto ascenderá hasta 100 veces el monto de la multa por defraudación.

 

2. Asimismo establece las sanciones para quienes están obligados a brindar la información en calidad de entidades emisoras:

 

a. Por la omisión de la presentación y conservación de la declaración jurada, con una multa de hasta 100 veces el monto de la multa por defraudación

b. Si se pagaren dividendos o sumas en violación de lo dispuesto en la letra a) del numeral 1, con una multa cuyo máximo será el equivalente al monto distribuido indebidamente.

c. Asimismo, la falta de presentación de declaraciones juradas, hace presumir la falta de actividad y por ende, habilita la suspensión del certificado único de DGI.

Los representantes legales y voluntarios serán responsables por su participación en el incumplimiento.

 

Los adquirentes de títulos deberán controlar el cumplimiento de los deberes. Si no lo hacen, serán solidariamente responsables en el pago de las sanciones.

 

Las multas serán dispuestas por la Auditoría Interna de la Nación.

Si no se interponen los recursos administrativos en los plazos constitucionales (diez días corridos), la resolución deviene firme y por ende, será considerada título ejecutivo.

 

Otras disposiciones

La ley agrega disposiciones relativas a la enajenación de títulos de sociedades y asociaciones agrarias; registros contables de fideicomisos y fondos de inversión, y registro de estados contables de ciertas sociedades comerciales.

Asimismo se incorporan normas respecto del secreto profesional en el caso de actuaciones de la DGI en el ámbito de la Ley de Mercado de Valores y Fondos de inversión.

 

 

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